Violencia en el sur: grave error político

No deja de ser llamativa la manera en que la responsabilidad de gobernar obliga a revisar opiniones que, vistas en retrospectiva, chocaban con la realidad en el terreno. Así, en menos de seis meses de gobierno, La Moneda ha pasado de denostar el estado de excepción en la Macrozona Sur como una medida ajena a los cánones de una verdadera democracia, a querer extenderla “saltándose” al Congreso con el argumento de ampliarla a una nueva región.

Lo ocurrido esta semana sugiere una preocupante lectura “electoral” ad portas del plebiscito, a fin de no antagonizar al oficialismo.

Ayer, la Cámara y el Senado aprobaron extender nuevamente el estado de excepción en La Araucanía y el Biobío por otros 15 días, a solicitud del Gobierno. Si bien éste inició su mandato con el compromiso de ponerle a fin, a poco andar hubo de ceder ante los hechos, que demostraban su eficacia -muy relativa, por lo demás- para reducir en cierta medida la violencia en esa zona del país. Desde entonces ha vuelto a acudir al Congreso pidiendo permiso para prorrogarla.

Cuan relativa es esa eficacia lo demuestra el hecho de que ahora parece prudente ampliar la medida a la región de Los Ríos, pues los ataques continúan y abarcan nuevos territorios. Consciente de que ello genera rechazo en parte sustancial del oficialismo, el Gobierno contempló extender la medida anterior por vía administrativa, sin pasar por el Legislativo -con el argumento de que se trataba de un nuevo decreto que no requeriría aprobación-, lo que levantó una ola de críticas en todo el espectro político, pues rayaba en la ilegalidad (si es que no lo era derechamente).

Habiendo desistido de lo anterior, se espera que hoy el Ejecutivo anuncie su intención de aplicar la medida en Los Ríos con un nuevo decreto.

El episodio, junto con ratificar que el Gobierno carece todavía de una estrategia de fondo para enfrentar la violencia en el sur, sugiere una preocupante lectura “electoral” ad portas del plebiscito de septiembre, pues muchos en el oficialismo -y en las filas del Apruebo- siguen resistiendo el imperativo enfoque de seguridad que demanda esta problemática, que tiene que ver con terrorismo y delincuencia, y no con un mal llamado “conflicto mapuche”.